La clase dorada, los impuestos y el Canal. Por Juan Jované

Entre los atributos que los economistas le imponen a un adecuado sistema impositivo se encuentra la equidad. Es así que Stiglitz, en su clásico texto titulado Economics of the Public Sector, opina que un buen sistema tributario tiene las siguientes propiedades: eficiencia económica, simplicidad administrativa, flexibilidad, responsabilidad política y equidad social. Este último atributo incluye la llamada equidad vertical, de acuerdo a la que quienes más se benefician de la sociedad deberían entregar una mayor contribución a la misma.

Por su parte el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia el Pontificio del Consejo de Justicia y Paz, también insiste en la vinculación entre equidad y tributación. En esta publicación, en un pasaje que cita extensamente algunos textos pontificios, se argumenta que: “La finanza pública se orienta al bien común cuando se atiene a algunos principios fundamentales: el pago de impuestos como especificación del deber de solidaridad; racionalidad y equidad en la imposición de los tributos; rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos”.

Una de las características negativas del sistema impositivo panameño está en su falta de equidad social. Esto se puede observar al comparar las tasas del impuesto sobre la renta a que están sujetos las personas naturales y jurídicas de más altos ingresos en Panamá, con aquellas que rigen para personas del mismo tipo en Centroamérica y en América Latina. En efecto, mientras que las personas naturales de más altos ingresos en Panamá pagan al fisco 25% de sus rentas, en el conjunto de Centroamérica pagan en promedio 28.5% y en el caso de América Latina 27.5%. En el caso del impuesto sobre la renta de las corporaciones de más altos ingresos la tasa impositiva en Panamá alcanza a 25%, mientras que tanto en Centroamérica como en América Latina esta resulta ser en promedio equivalente al 27.7%, alcanzado a 36.7% para el caso del conjunto de los países de la OCD. Esto explica que el impuesto sobre la renta proveniente de los negocios alcance en Panamá a tan solo el 13.7% del total de los ingresos públicos, lo que contrasta con el hecho de que el llamado ITBMS, mejor conocido como el impuesto del 7%, junto a otros impuestos indirectos, que finalmente paga toda la comunidad, explican el 26.9% de todos los ingresos gubernamentales. Estamos, entonces, frente a un sistema regresivo que recarga los costos del sector público sobre el conjunto de la comunidad. Sin embargo, no solo se trata de eso.

De acuerdo a un reciente estudio del FMI, si bien es cierto que en Panamá la presión impositiva resulta inferior, principalmente para los más altos niveles de ingresos, que la de los países que tienen una situación económica similar, lo cierto es que en nuestro país la relación entre el gasto público y el producto total es similar a la de dichos países. Hablando en términos relativos les cobramos menos impuestos a los ricos que otros países pero gastamos con la misma intensidad que estos. ¿Cómo se logra esto?

La respuesta está, en gran parte, en los aportes que recibe el fisco por la operación del Canal, de manera que para el año 2011 los diversos aportes fiscales de la ACP al fisco resultaron ser cerca del 20.0% del total de los ingresos públicos. Si a esta suma se agregara el total de los beneficios provenientes de las otras empresas públicas y mixtas, este total alcanzaría a 24.6%. El segundo elemento de la respuesta es el endeudamiento público, cuyo monto se ha elevado en 50% en menos de cuatro años.

Queda claro que los excedentes del Canal se han venido utilizando, al menos en parte, como un mecanismo para reducir las obligaciones tributarias de los sectores de más altos ingresos del país. La “clase dorada” que domina económica y políticamente al país, ha estado utilizando los excedentes del canal, que deberían ser completamente guiados al progreso de la población, para evadir la responsabilidad que en función de la equidad deberían asumir. Se trata de una situación que debe ser corregida en nombre del bien común.

La posibilidad de financiar un proyecto de desarrollo alternativo pasa, entonces, por la aplicación de una política que tenga los siguientes objetivos: un sistema tributario progresivo con cero evasión, la eliminación de la corrupción y la utilización del los excedentes del Canal de para hacer frente a las prioridades de un desarrollo con justicia social y sostenibilidad ambiental. Este es el compromiso alternativo que frente a los partidos políticos tradicionales corruptos levanta el movimiento de los independientes.