Protesta social o terrorismo. Por Marco A. Gandásegui, hijo
Los panameños nos reunimos el pasado 3 de
noviembre para celebrar y, a la vez, reflexionar sobre el significado de nuestra
declaración de independencia hace 112 años. En el transcurso de esos años se
consolidó la República y surgió un proyecto de Nación que encabezó una
vanguardia estudiantil en la lucha por la soberanía.
Pocos días antes de la fecha que marcaba el aniversario,
las autoridades gubernamentales decidieron poner fin al encarcelamiento de los
últimos tres estudiantes del Instituto Nacional y darles una medida cautelar de
‘casa por cárcel’. Ya habían entregado a sus familiares a los otros 7
estudiantes institutores privados de libertad. Todos acusados de ‘terrorismo’
por protestar contra la negligencia administrativa que tiene postrado el
histórico plantel que se cubrió de gloria durante la insurrección popular
iniciada el 9 de enero de 1964.
La protesta social
es una manifestación producto de un malestar que comparte un grupo social que
reclama sus derechos humanos. La protesta va dirigida contra alguna instancia representativa
de la autoridad. Esta puede reaccionar desatando la represión violenta o puede
neutralizar la protesta social mediante distintas tácticas. Entre estas
últimas, está el llamado al diálogo (por parte de la autoridad).
La protesta social tiene un origen de clase.
La protesta generada por un sector social que pone en peligro el orden establecido
es objeto de represión. Si la protesta es de una clase que no constituye un
peligro, se espera que se diluya con la aplicación de tácticas moderadas.
Las protestas sociales que ponen en peligro el
orden político siempre han sido criminalizadas. En la sociedad moderna, cuando
la protesta social es en el marco de un paro de labores se desata la violencia
clasista. Cuando la movilización reivindica un derecho social (agua, vivienda,
educación) se criminaliza.
En Panamá las movilizaciones estudiantiles son
parte de las protestas sociales desde mediados del siglo XX. Las protestas por
la calidad de los planteles, de los programas o la escasez de educadores se
complementaba con la cuestión social (condiciones de vida) y la soberanía
nacional. Entre 1940 y 1960 la educación comenzó a masificarse y las
autoridades no entendieron el fenómeno y fueron incapaces de concebir una
política para manejar la nueva situación.
La vanguardia de los estudiantes es reprimida
y criminalizada. Las autoridades militares después del golpe de 1968 intentan
cooptar a los líderes estudiantiles en vez de reprimirlos. A partir de 1990,
después de la invasión, las autoridades nunca pretendieron incorporar a los
estudiantes en sus programas de gobierno. Los partidos políticos de la época -
que siguen vigentes – se olvidaron de las lecciones de Eusebio A. Morales quien
decía que la educación es clave para formar los dirigentes nacionales.
En vez de enfrentar las reivindicaciones de
los estudiantes, los gobernantes optaron por abandonar la educación como
herramienta estratégica en sus planes. Los planteles y los educadores son cada
vez más ignorados en los presupuestos nacionales aprobados. Como política
laboral se privilegia al trabajador precario sobre el trabajador especialista. La
educación juega un papel cada vez menos estratégico en la formación de los
trabajadores, técnicos y profesionales.
Las protestas
sociales en los colegios de Panamá se han vuelto esporádicas en la actualidad.
La excepción fue, y sigue siendo, el Instituto Nacional. Las protestas
estudiantiles son constantes por el abandono por parte de los gobiernos de
turno de la educación, por la creciente pobreza en todos los estratos del país
y la entrega del patrimonio nacional (incluyendo el Canal de Panamá) a una pequeña
oligarquía e intereses extranjeros.
El Instituto Nacional está intervenido por el
gobierno y sus agencias represivas. Toda forma de organización o reunión son
prohibidas y quienes son sospechosos de cometer estos actos son expulsados.
La escalada represiva llegó a su punto más
alto en 2015 cuando, después de una protesta social, 10 estudiantes
sospechosos, identificados por desconocidos, fueron secuestrados por agentes de
la autoridad quienes allanaron sus hogares y llevados a centros de detención. Fueron
acusados de terrorismo. Esta es una figura jurídica novedosa y peligrosa en
Panamá. Fue introducida al ordenamiento legal por insistencia de EEUU.
En Panamá la protesta social – en todas sus
manifestaciones clasistas - ha sido criminalizada y ahora es homologada con la
nueva categoría de terrorismo. Los gobernantes le han declarado la guerra a
nuestro proyecto de Nación, siempre defendido por los estudiantes,
especialmente por los institutores.
Todos solidarizamos con los estudiantes
institutores.
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