¿Quién carga con el fisco?. Por Olmedo Beluche

El gobierno del presidente Juan Carlos Varela tiene problemas con los presupuestos. ¿Cómo sostener el crecimiento económico, sin aumentar la deuda pública y sin tocarle el bolsillo a las grandes empresas y fortunas del país, que forman parte de lo que el sociólogo Marco Gandásegui, en los años 60 del siglo pasado, llamó el “club de los exonerados”? La respuesta es obvia: que la cargue el pueblo.

En Panamá los que más ganan son los que tributan menos, proporcionalmente hablando. La mayor parte de la carga fiscal la lleva la clase trabajadora, a la que sin falta le sacan de su cheque un impuesto sobre la renta y, cuando compra lo básico le aplican el impuesto de traslado de bienes materiales y servicios (Itbms). A los que se suma otra serie de impuestos indirectos que el empresariado transfiere al precio de los productos

Los sectores punta de la economía panameña tienen algún tipo de exoneración fiscal. Un ejemplo: la industria marítima, como totalidad, representa el 33.5% del producto interno bruto (PIB), lo que en números absolutos significa unos 25 mil 780 millones de dólares anuales. La tributación de este importante sector totaliza $603.4 millones, o sea apenas un 2.3% de todo el capital que mueven (El Panamá América, 29/9/2015).

Compare esa cifra con el salario quincenal de un docente universitario, con sueldo bruto de $882.15 paga de impuesto sobre la renta $64.88, o sea el 7.35% de su salario. Si le suma el seguro educativo, totaliza $75.91, o sea, el 8.6% de su salario. En matemáticas simples el profesor paga cuatro veces más impuestos que la industria naviera.

De Panama Port Co. (PPC), los puertos privatizados por Ernesto Pérez Balladares, en 1997, el Estado se quedó con el 10% de las acciones. PPC mueve el 56.4% del mercado portuario, unos mil 477 millones de dólares anuales, solo le pagó al Estado panameño un millón de dólares por sus acciones, entre 1997 y 2014 (La Estrella de Panamá, 10/9/2015).

Al Gobierno se le ha acumulado una enorme deuda pública de cerca de 20 mil millones de dólares y heredó un déficit fiscal del 4.1%. El Ministerio de Economía ha dispuesto bajar el déficit público al 1.5% o menos, dejando de ejecutar el 44.5% del presupuesto de inversión en el primer semestre (La Prensa, 29/8/2015).

Pero equilibrar las cuentas choca con una baja en las recaudaciones de 10.9% respecto a lo presupuestado para el primer semestre de 2015, y más de 50 millones de dólares respecto al año anterior. Lo más interesante es que el impuesto que más redujo sus aportes es el “impuesto sobre la renta de las empresas” que cayó 27.3% de lo presupuestado y 15.3% respecto al año anterior (La Prensa, 30/7/2015).

Podemos sacar inferencias de esos datos: si lo recaudado en el primer semestre de 2015 del impuesto sobre la renta empresarial fue 347.3 millones de dólares, la suma total que se debió recaudar era 442.1 millones de dólares que, multiplicada por dos semestres, equivale a 884.2 millones de dólares de impuesto sobre la renta anual. Esto significa que, respecto a una economía estimada en 76 mil 925 millones de dólres para este año, las empresas solo pagan (cuando lo hacen) de impuesto sobre la renta empresarial apenas el 1.1% del PIB. Por esa razón, la urgencia de la descentralización, como una manera de transferir competencias fiscales y a los municipios, y que políticos de poca monta y escrúpulo asuman la responsabilidad.

No se trata de empoderar a la ciudadanía de las decisiones locales; si así fuera los moradores de Paso Canoas no serían maltratados por los antimotines por oponerse a la venta de los terrenos de la escuela, decidida arbitrariamente por el alcalde. Por eso, el incumplimiento con la reparación de escuelas y el cierre de hospitales bajo la figura de la “integración”. Todo para aumentar la carga (fiscal) sobre las espaldas de la clase trabajadora.