La libertad de expresión es un derecho humano. Marco A. Gandásegui, hijo*
Panamá cayó bajo la lupa de
unos investigadores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que
incluyeron el país en su informe sobre la libertad de expresión. La SIP no es
una organización muy santa para andar investigando la situación de la prensa en
los países de la región. Pero antes de entrar en la materia que vincula a
Panamá, es necesario hacer algunas distinciones sobre la libertad de expresión.
Es una reivindicación legitimada por todos los pueblos del mundo. En el pasado
y en el presente, organizaciones sindicales, gremiales, asociaciones de todo
tipo luchan por el reconocimiento de su derecho a decir sus verdades.
Para algunos la humanidad dio un gran paso con la
Revolución francesa que proclamó la libertad de expresión como un derecho
humano. El decreto fue desconocido por las potencias europeas de la época y
Napoleón lo engavetó. Solo los obreros, artesanos, pequeños comerciantes
(‘shop-keepers ') y otros, en pleno auge, reclamaban la libertad de expresión.
Sus periódicos eran agredidos, quemados y prohibidos por las autoridades.
En las cúpulas de las sociedades también hay una lucha
por la libertad de expresión, muy diferente. Las empresas periodísticas son un
instrumento importante en estas batallas. En el caso de Panamá, tenemos el
clásico ejemplo de la pelea entre los imperios periodísticos de Pulitzer (San
Luis, EE.UU.) y Hearst (Nueva York). Los empresarios o corporaciones se pelean
el monopolio mundial de la comunicación y, también, de la información. Cuando
emerge el grupo económico más fuerte, los diarios de los otros sectores, que
quedan rezagados, se quejan por la falta de libertad de prensa. En otras palabras,
protestan porque pierden su monopolio sobre la información y sistemas de
comunicación.
Las empresas periodísticas tienen que organizarse como
cualquier otro negocio. Tienen que pagar renta. Tienen que comprar materia
prima. También tienen que negociar contratos con hombres y mujeres entrenados y
preparados para sacar un periódico todos los días. Es una tarea titánica. Ese
personal que llaman periodistas , es una especie muy especial. Pero también
tiene necesidades humanas. Sin embargo, cuando la empresa percibe que el
periodista se está organizando pega el grito al cielo: ‘¡Quieren acabar con la
libertad de prensa! '. Saben perfectamente que una reivindicación no choca con
libertad alguna. Sin embargo, politizan el derecho humano del periodista.
La historia de la SIP es precisamente acabar con las
organizaciones de los periodistas. La SIP nació después de la II Guerra Mundial
como iniciativa de la gran prensa norteamericana que vio en América Latina un
enorme mercado para incrementar sus ganancias. La SIP creó un monopolio en
torno a la comunicación e información. Gracias la Associated Press, los
principales medios de comunicación de la región solo reciben una versión de
todas las noticias que se producen en el mundo.
El presidente de la comisión de libertad de prensa de la
SIP, el periodista Claudio Paolillo, aprovechó, en el marco de su examen de la
situación regional, de inmiscuirse en una iniciativa legislativa panameña que
pretende regular el ejercicio del periodismo. Paolillo alega que ‘... es contrario
a la libertad de expresión la pretensión de que todos los periodistas tienen
que estar colegiados, tal como lo dispone la iniciativa '. La SIP confunde
libertad de expresión y libertad de prensa. Un periodista es un trabajador,
igual que un ingeniero o un médico.
Agregó que ‘los periodistas no somos los únicos titulares
del derecho humano a expresarnos libremente, y por tanto, todos los ciudadanos
pueden ser periodistas '. Es verdad, todos somos periodistas, al igual que
todos somos médicos o ingenieros. Pero tenemos responsabilidades y derechos y
éstas deben ser reguladas.
El diputado Juan Moya, proponente del proyecto de ley, se
limitó a declarar que ‘se trata de mejorar las condiciones laborales de los
periodistas '. En Panamá un periodista-reportero puede ganar menos de 300
dólares al mes, salario por debajo de la línea de la pobreza. La ley pretende
solucionar ese problema. A su vez, por razones coyunturales también quiere
proteger al periodista nacional.
El presidente Juan C. Varela dijo que ‘el proyecto de ley
de periodismo es (algo) aislado de un diputado... Estamos en total desacuerdo
con ese proyecto y fuimos muy claros '. Creando más confusión, el presidente
desautorizó a su diputado copartidario y obliga a los periodistas a sacar el
Plan B (si lo tienen) para hacer pasar su proyecto por la Asamblea.
*PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ E
INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA.
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