Agroecología, seguridad y la soberanía alimentaria. Por Juan Jované

La globalización en términos neoliberales ha traído, con las modificaciones en las relaciones sociales y los elementos técnicos que la caracterizan, una forma de producción caracterizada por la relocalización de la producción destinadas a fragmentar verticalmente los procesos productivos.

Se trata de un enfoque en que cada elemento de la cadena productiva se ubica en aquella localización mundial que permita aprovechar ya sea la capacidad de diseño, el valor relativo de la fuerza de trabajo, la existencia de recursos naturales y la capacidad diferenciada de absorción de los mercados, con el fin de optimizar los beneficios de las Empresas Multinacionales que dominan, directa o indirectamente, el proceso.

TENDENCIA NEOLIBERAL

El régimen agroalimentario a nivel global no ha quedado exento de esta tendencia. En el mismo se observa un control global de parte de los grandes productores de insumos quienes, además de promover formas no sostenibles de producción, dominan el mercado de los mismos.

En el otro extremo están las enormes empresas de industrialización y comercialización, las cuales dominan haciendo uso de su fuerza como monopsónica a los productores, así como a los consumidores, quienes son objeto de su capacidad oligopólica.

A esto se debe sumar la creciente presencia del capital financiero en la esfera agropecuaria, el que incluye entre sus actividades la especulación en los mercados de alimentos.

El régimen agroalimentario neoliberal, además de generar una creciente contradicción con el medio ambiente, ha significado el desplazamiento de millones de campesinos de sus tierras, la subordinación de los pequeños y medianos productores, la presencia de notables fluctuaciones en el precio de los alimentos, la permanencia de las condiciones que mantienen a una buena parte de la población mundial en condiciones de hambre, así como la creciente presencia de los cultivos transgénicos, con todos los peligros que esto implica para la salud de la población trabajadora y consumidora.

NI SEGURIDAD NI SOBERANÍA ALIMENTARIA

La política que ha intentado implantar este régimen alimentario neoliberal en Panamá ha tenido resultados indeseables. Esto se evidencia en un grupo de indicadores que se presentan a continuación.

De acuerdo a las más recientes estadísticas de la FAO el 10.6% de la población panameña, es decir cerca de 410,000 personas, se encuentran en circunstancias de subnutrición.

Utilizando el concepto de personas en condiciones de inadecuada situación alimentaria el número de personas afectadas se eleva hasta 696,226, las cuales representan el 18.0% de la población. Estamos, entonces, frente a una clara situación de inseguridad alimentaria,

A esto se añade, la preocupante situación de deterioro de la soberanía alimentaria. Es así, por ejemplo, que en el año 2011 nuestro país realizó importaciones de alimentos por un monto de $1,301.3 millones, mientras que apenas logró una exportación de $443.9 millones en este tipo de bienes, generándose así un déficit comercial de $857.4 millones en el comercio externo de bienes alimenticios. La notable magnitud del valor de las importaciones de alimentos en el año de referencia se evidencia si, a manera de ilustración, se destaca que esta es equivalente al 72.7% del producto interno bruto que se generó en el Canal de Panamá. Este escenario, entre otras cosas, muestra el fracaso de la política neoliberal, la cual pretendió el completo abandono de la producción de alimentos para el consumo interno y su reemplazo por cultivos de exportación.

En el reciente informe de la FAO titulado Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica y Panamá 2014, se ofrecen interesantes estadísticas sobre el tema, entre las que se encuentran las referidas a la importancia de los pequeños productores.

En el caso de Panamá el documento afirma que alrededor del 2005 existían en el sector agropecuario panameño 164,400 trabajadores familiares, 44,100 productores de granos básicos cuya principal actividad es la agricultura, 109.000 trabajadores por cuenta propia, así como 11,300 microempresarios con menos de cinco empleados.

Éstos y sus familias, vale la pena añadir, constituían el 69.2% de la población rural. La importancia de estos datos se aclara si se tiene en cuenta que, de acuerdo al documento en referencia, más del 70.0% de la población en extrema pobreza se concentra en las áreas rurales del país, agregándose que la incidencia de la pobreza extrema entre los pueblos originarios es 5.9 veces mayor que la que afecta al resto de la población.

EN BÚSQUEDA DE UNA POLÍTICA ALTERNATIVA

Lo anterior muestra una paradoja importante: el hambre y la desnutrición afectan fuertemente a quienes tienen como actividad la producción de alimentos. También muestra la importancia que tiene la aplicación de un conjunto de políticas públicas destinadas a proteger y desarrollar a la producción familiar, así como a los pequeños productores del campo.

Las mismas constituyen un instrumento indispensable en la lucha contra el hambre y la pobreza. Así mismo, el país no puede seguir utilizando una buena parte de su generación de divisas a fin de adquirir alimentos en el exterior, los cuales en buena medida pueden ser producidos internamente.

En términos del enfoque necesario para estas políticas alternativas se debe partir señalando que, tal como lo demuestra la experiencia que hemos comentado anteriormente, la simple aplicación de la visión de la agricultura industrial, con su concentración de tierras, el uso intensivo de insumos nocivos al medio ambiente, el monocultivo que daña la biodiversidad y agota la tierra, el mal uso de los recursos hídricos, el uso de organismos genéticamente modificados y la dependencia de las cadenas de comercialización controladas en forma de monopsonios y oligopolios internacionales, no son una salida adecuada a la situación existente. La aplicación de esta estrategia llevaría al simple desarraigo de los pequeños productores del campo, quienes quedarían marginados de sus medios de vida. También significaría una creciente situación de carencia en términos de la soberanía alimentaria.

ENFOQUE DE LA AGROECOLOGÍA

Una mejor opción está en los criterios del llamado enfoque de la agroecología, el cual opera dentro de las orientaciones que buscan asegurar condiciones de vida digna para los pequeños productores, lo que se logra desarrollando los criterios de seguridad y soberanía alimentaria, a la vez que se busca instaurar las condiciones que aseguren la justicia social para los consumidores de las áreas urbanas. En esta visión la producción se sostiene sobre el acceso seguro de los productores a la tierra y el agua, aprovechando los conocimientos tradicionales y los que surgen de la ecología moderna. Esta manera de producir se basa en formas eficientes de producción integrada, que limitan el uso de insumos externos, a la vez que promueve la biodiversidad, la conservación de energía y el cuidado de los recursos hídricos.

Se trata de una manera de producción ambientalmente sostenible que, además, protege al productor frente a las prácticas depredadoras provenientes del exterior, a la vez que promueve el desarrollo de los mercados locales, el desarrollo de una base financiera alternativa, así como formas de comercialización que potencien la solidaridad entre productores, así como la de estos con los consumidores urbanos.

La agroecología aparece, entonces, como la opción racional para enfrentar los graves problemas de los pobres del campo en nuestro país, así como para hacer avanzar la seguridad y la soberanía alimentaria. Lamentablemente la misma ni siquiera se menciona en el Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019. Este se mantiene dentro del criterio tradicional fracasado que intenta insertar a Panamá en el modelo de régimen agroalimentario neoliberal.